La decisión se tomó después de que la Policía de Entre Ríos informara a las autoridades del Poder Ejecutivo sobre la frecuencia con que los conductores se niegan a someterse a las pruebas en los operativos de control, especialmente en los puestos camineros.
Un decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio dispone la aplicación de la pena máxima a los conductores que se nieguen a realizarse el test de alcoholemia. La negativa será sancionada con multas de entre 500 mil y 1 millón de pesos, más la inhabilitación para manejar por un plazo de entre uno y dos años. También será retenido el vehículo y la licencia.
La decisión se adoptó luego que desde la Policía de Entre Ríos se advirtiera a las autoridades del Poder Ejecutivo que son usuales los casos de conductores que se niegan a realizarse la prueba en los diversos operativos de control, especialmente en los puestos camineros.
Hasta el dictado de este nuevo decreto, a quien se negara se le aplicaba una pena menor. Ahora se dispuso que la negativa sea considerada una presunción legal de alcoholemia positiva y se aplique la pena máxima.
“La reticencia a ser sometido al procedimiento para la detección de alcohol en sangre debe ser penada con una multa de 500 a 1000 UF, la retención preventiva de la licencia de conducir del presunto infractor, la inhabilitación para conducir por un plazo de uno a dos años y la retención del vehículo y su remoción de la vía pública, se indica en el decreto Nº 1.1773, con fecha 16 de julio y firmado por Frigerio y por el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia.
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