El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, amigo y exabogado del presidente Javier Milei, fue procesado por las irregularidades en la compra de medicamentos. Otros 18 imputados corrieron la misma suerte. La medida fue tomada por el juez Sebastián Casanello, quien junto con el fiscal Franco Picardi sostuvo contra los procesados la figura de asociación ilícita, defraudación, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
La justicia federal procesó al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo y a otros 18 imputados en la trama de coimas y demás discrecionalidades entre el gobierno de Javier Milei y laboratorios privados que le proveían medicamentos para personas con discapacidades.
La medida fue tomada por el juez Sebastián Casanello, quien junto con el fiscal Franco Picardi sostuvo contra los procesados la figura de asociación ilícita, defraudación, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
El fallo alcanza a quien fuera el segundo de Spagnuolo en la Andis, Daniel Garbellini; Miguel Calvete y Pablo Atchabahian. Se trata de dos personas con estrechos vínculos con droguerías.
La decisión es un duro revés contra el exabogado y amigo personal del presidente Milei, quien el mes pasado había pedido ser sobreseído y que se declare la nulidad de la causa abierta a partir de la difusión de audios en los que él reveló el reparto de dinero espurio para funcionarios de la primera línea del gobierno, entre ellos la secretaria general del la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Eduardo Lule Menem.
“Sistema de retornos”
Spagnuolo fue procesado como supuesto jefe de una asociación ilícita, a la vez que se dispusieron llamados a declaración indagatoria para el resto de los flamantes procesados en el escándalo de dimensiones que salpica a la administración de La Libertad Avanza (LLA).
En su escrito, el magistrado consideró que la Andis fue “cooptada y empleada como una vía de enriquecimiento” para quienes participaron de acciones que fueron “en claro desmedro” del “cuidado de las personas en situación de discapacidad”, según precisó Página 12.
En este sentido, Casanello se refirió a la existencia de “una organización criminal” integrada por funcionarios y empresarios que administraron “millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”.
Puntualmente se refirió a la circulación de un “sistema de retornos” que “recompensaba” a integrantes del gobierno nacional y operadores externos que actuaron de manera “mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.
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