En la mañana de este jueves, CHAJARI AL DIA publicaba la información acerca de la detención de un ciudadano chajariense, en cercanías a su domicilio de calle Entre Ríos y avenida Belgrano. La detención fue ordenada por la Interpol (Policía internacional) y la concretó personal de la delegación Chajarí de la Policía Federal Argentina (PFA). Hasta ese momento, no se sabía en carácter de qué era detenido dicho ciudadano.
Ya en horas de la tarde, fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación, consultadas por un cronista de nuestro medio, confirmaron que “la investigación comenzó hace alrededor de un año en Venezuela, y un equipo investigativo (en Argentina) está llevando adelante tareas al respecto (…) A raíz de una intensa investigación se descubrió que un empresario de origen italiano, de apellido Bazzoni y hoy prófugo en Europa, fue quien inició la trama de corrupción a través de PVDSA (Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima), exportando mediante empresas ‘fantasma’ petróleo de ese país”.
Más adelante, la misma fuente reveló que “concretamente el empresario en cuestión se encargaba por medio de testaferros – uno de ellos sería el ciudadano chajariense detenido este jueves – de crear empresas fantasma, las que hacían compras a PDVSA, luego desapareciendo y quedando la deuda que perjudicaba el patrimonio venezolano. En ese momento quedó imputado el empresario italiano, y debido a ello, se descubrió el nombre del chajariense (…) Hay otros testaferros de otros países, como Ecuador, México, etc.”
Luego se supo que el detenido en Chajarí oportunamente trabajó con el empresario, viajando a países como Panamá e Inglaterra. Además aclaró que “la captura internacional es una cuestión preventiva, con fines de extradición. El chajariense quedó detenido y en las próximas horas se le tomaría declaración ante las autoridades judiciales de Concordia, como paso previo a la extradición, y luego el Juzgado verá otras cuestiones ‘finas’, es decir, decidir si se le otorga prisión domiciliaria, se lo excarcela, etc.”
En otro tramo se especificó que “el proceso de extradición puede durar meses, un año ó dos años; todo depende de la celeridad con que se maneje la Justicia venezolana (…)”.
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