El Gobierno trabaja en un proyecto, al que denominó “igualdad ante la ley” y que intentará impulsar en el Congreso. Incluye la eliminación de la figura del femicidio como agravante penal y algunos aspectos de la Ley Micaela.
El Gobierno de Javier Milei trabaja en un proyecto denominado «igualdad ante la ley», con el cual se propone eliminar todo tipo de cupos y leyes que, según sus impulsores, se vinculan con la denominada «discriminación positiva».
La iniciativa, que se pretende llevar al Congreso a partir del 1° de marzo de 2025, buscará derogaciones en diversas áreas, entre las que se incluyen los cupos laborales para personas trans, los documentos no binarios e incluso la figura del femicidio como agravante penal. La propuesta generó una fuerte controversia, especialmente por su alineación con los comentarios que el presidente pronunció en el Foro Económico de Davos.
“La idea es eliminar cualquier diferenciación que haya, ante la ley o el Estado”, señalaron desde Balcarce 50, sede de la Casa Rosada. No obstante, el proyecto no afectará leyes como el matrimonio igualitario ni la ley de aborto, las cuales quedarán fuera de la propuesta. Desde el Gobierno, insisten en que su objetivo es terminar con lo que consideran «normativas preferenciales» ante la ley, que crean, favorecen a determinados grupos en perjuicio de la igualdad.
Milei y su crítica a las leyes de género y la «ideología woke»
El discurso de Javier Milei en Davos dejó en claro la postura del Gobierno sobre estos temas. En su intervención, el presidente criticó abiertamente lo que considera una «apropiación» por parte del Estado de causas legítimas. “Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles”, sostuvo Milei. Este mensaje resuena en la propuesta que el Ejecutivo pretende presentar en el Congreso, centrada en eliminar diferencias legales que el presidente considera innecesarias y perjudiciales para la igualdad.
El proyecto, que ya se encuentra en proceso de redacción en Presidencia, cuenta con la supervisión de asesores cercanos al mandatario, como Santiago Caputo y María Ibarzabal Murphy. Esta última es quien lidera el equipo encargado de dar forma a la propuesta que busca anular leyes que incluyen desde los cupos laborales hasta la figura de femicidio. En relación a este último punto, desde el Gobierno afirman que no tiene sentido que una pena sea más grave solo por el sexo de la víctima: “No tiene sentido que una pena sea más alta si la víctima es hombre o mujer”, argumentan los asesores presidenciales. NA
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