La oposición le allanó el camino al Poder Ejecutivo y permitió la sanción de la ley que declara la «emergencia educativa», un instrumento que le dará al Gobierno las herramientas necesarias para contratar en forma directa la reparación de los edificios escolares más comprometidos y en peores condiciones para el inicio del ciclo lectivo 2024, que arranca el lunes 26.
Sobre un total de poco más de 1.400 edificios escolares en la Provincia, este miércoles la presidenta del Consejo General de Educación (CG), Alicia Fregonese, «hay más de 180 escuelas que están con posibilidades de no abrir las puertas, hay muchas obras de infraestructura que quedaron pendientes de años anteriores con expedientes cerrados y vamos a hacer un plan de trabajo”, según refleja la Agencia Periodística Federal (APF).
El jueves 8 la mayoría del PJ en el Senado habilitó en la Cámara Alta el tratamiento sobre tablas del proyecto que finalmente resultó aprobado. Y este miércoles ocurrió lo mismo, también con el acompañamiento de la oposición, informó Entre Ríos Ahora.
El bloque de diputados del Frente Más Para Entre Ríos acompañó la aprobación del proyecto para declarar el estado de emergencia pública en materia educativa en la provincia, que fue enviado por el Poder Ejecutivo y que ya tuvo media sanción en el Senado.
La iniciativa autoriza al Ejecutivo provincial y al Consejo General de Educación (CGE) a tramitar procedimientos de contrataciones directas, vía excepción, para atender “las deficiencias en las instalaciones edilicias y de infraestructura del servicio educativo”. También la norma contempla la autorización para realizar cambios en el Programa Alfabetización, lectura y escritura Entre Ríos, implementado en 2022.
“Asumimos que la educación es prioritaria, no solo para este gobierno sino para toda la comunidad. La educación es la obra más importante de un gobierno y por eso estamos aquí para dar el debate y construir consensos”, explicó la presidenta del bloque, Laura Stratta.
Los legisladores de la oposición destacaron que han participado activamente del trabajo en comisión para tratar otros proyectos enviados por el Poder Ejecutivo provincial, y por eso lamentaron que el “tratamiento exprés” que se le dio a esta norma haya impedido que la oposición pudiera hacer aportes para mejorarla.
Stratta indicó: “Entendemos que todas las acciones dirigidas a mejorar la educación son urgentes”, pero recordó que durante muchos años en la provincia se implementó un plan de reparaciones menores de edificios escolares denominado Plan Verano: “Ese plan se llevaba a cabo todos los años y empezaba a mediados de diciembre, cuando los gurises estaban de vacaciones. Se reparaban entre 250 y 300 escuelas por año. Hubiera sido una buena oportunidad para poder sostenerlo, ya que permitió hacer las reparaciones pertinentes en tiempo y forma durante mucho tiempo”, indicó.
También se expresó la conveniencia de conocer el listado de las escuelas a reparar, como ocurría con el Plan Verano. “Antes había programas que establecían un criterio; que establecían montos, plazos y el modo de intervenir. Ahora aparece este proyecto de ley, con otros criterios, y un sistema de contratación directa”, añadió la titular del bloque antes de la votación.
En el mismo sentido, desde el bloque se expresó el apoyo a la modificación del Plan de Alfabetización, aunque se indicó que esa decisión se adoptó directamente por resolución del Consejo General de Educación.
Por su parte la diputada Silvia Moreno impulsó un pedido de informes dirigido al Ejecutivo provincial para conocer si el gobierno entrerriano realizó un análisis que evalúe la cantidad trabajadores de nuestra provincia que podrían ver afectada su situación laboral como consecuencia del Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Javier Milei. Igualmente indaga sobre el impacto que tendrán sobre la actividad económica, la salud y el desarrollo social, entre otros aspectos; y sobre qué medidas paliativas se tomarán al respecto.
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