Convocó a la Comisión de Comercio que preside para debatir, entre otros, un proyecto que modifica el régimen de multas ante empleo no registrado. Expusieron sectores empresarios, Pymes fundamentalmente y reclamaron segmentación para las políticas laborales e impositivas. Telón de fondo: la queja de Lena por la falta de giro de proyectos a su comisión, lo que atribuye a su condición de opositora.
“No nos han dado giro de nada. Ni siquiera del proyecto de Compre Argentino”, se quejó la diputada radical Gabriela Lena, al anunciar la convocatoria a una reunión informativa de la Comisión de Comercio que tiene a su cargo. Atribuyó esta situación a su condición de dirigente de la oposición y aseguró en diálogo con Página Política que “hay temas que el oficialismo no quiere tratar”. Es el caso de los proyectos que puso a consideración de los diputados, entre otros el que prevé una reforma -beneficiosa en principio para las empresas- en el régimen de aplicación de sanciones ante el empleo no registrado.
Se trata de un proyecto que tiene entre otros firmantes a los diputados Mario Negri, Graciela Ocaña, Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal y Rodrigo De Loredo. Ante este debate, Lena convocó a varios sectores empresarios, fundamentalmente Pymes, que expusieron su postura sobre la iniciativa ante los legisladores de la Comisión de Comercio.
Estos sectores invitados reiteraron el reclamo de segmentación para las políticas laborales e impositivas; cuestionaron una legislación laboral que no habría dado solución a la falta de empleo registrado; impugnaron la “presión impositiva” que no hace distingos entre la realidad económica diversa que se presenta en distintos puntos del país.
La pertinencia o no del debate en la comisión también fue motivo del debate, en la intervención de los legisladores de los distintos bloques. Desde el Frente de Todos, fundamentalmente, se planteó que el asunto debe tratarse en otras comisiones y no en la de Comercio. Desde la oposición se defendió el ámbito, dejando de lado cuestiones formales, en función de la preponderancia que tiene en la actual situación del país.
Estuvo presente, además, la pulseada entre oficialismo y oposición por la agenda de sesiones extraordinarias. El Frente de Todos ha planteado un temario que incluye el Juicio Político a la Corte Suprema y la oposición ha condicionado su voluntad de promover la dinámica de la Cámara baja a que se desista de esa denuncia contra los ministros del alto tribunal.
Es así que Lena planteó que “la idea es tratar los temas que les interesan y afectan a la gente y no solamente el proyecto del juicio político a la Corte, que es lo que pretende el kirchnerismo”. “Queremos poner una agenda de trabajo que tenga que ver con los problemas cotidianos de la sociedad en general. Más allá de las diferencias políticas y partidarias que podamos tener, desde esta comisión estamos dispuestos a escuchar a todos en los diferentes temas, de dar los debates y de visibilizar cada uno de los problemas de los argentinos”, remarcó al abrir el debate que, luego de más de dos horas de intercambio, cerró con un cruce con el presidente de la bancada del Frente de Todo, Germán Martínez.
Derechos y demandas
Entre los sectores que expusieron acerca del tema, estuvieron representantes de la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), referentes de Apyme, la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentina, la Asociación de Citricultores de Chajarí, la Federación Económica de Corrientes, empresarios metalúrgicos, industriales químicos, farmacéuticos, referentes de paseos comerciales.
Se repitió el reclamo de segmentación, la diferenciación entre pequeñas y grandes empresas, además de la distinción entre zonas geográficas al momento de prever reformas a la legislación laboral vigente o a la instrumentación de políticas tributarias. Se concedió la necesidad de avanzar en un debate que integre también a los trabajadores y sus organizaciones.
Se reiteró el “temor a contratar personal” y se aseguró que entre el empresariado Pyme hay multiplicidad de proyectos que no se llevan a cabo por no correr “el riesgo” de emplear mano de obra. Se denunciaron estrategias de estudios jurídicos, se habló de industria del juicio y de mafias en torno a la salud laboral y a las ART.
En el intercambio, expusieron desde perspectivas bien distintas el diputado Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos, en Juntos por el Cambio); Martínez y Silvina Ginocchio, del Frente de Todos; los radicales Fabio Quetglas y Miguel Bazze; la diputada del PRO, Germana Figueroa Casas; y Mónica Frade de la Coalición Cívica.
Quetglas puso el acento en la necesidad de una ley laboral que contemple “la alta volatilidad tecnológica”; una ley laboral que “sea una regulación contemporánea” y no “una regulación de nostalgia”. “Necesitamos una ley que sea sensible pero que no sea un obstáculo para generar trabajo”, dijo y marcó que se debate sobre el empleo registrado pero no se piensan normas para atender a la realidad de un alto nivel de trabajo en negro.
Frade fue quien puso el acento en torno a “las mafias” con relación a las ART, se comprometió a “sacarle el pie de encima a las Pymes” y propuso avanzar con el debate de un seguro para el desempleo, contemplado con un mecanismo de capitalización que reemplace la indemnización ante el despido arbitrario.
Martínez planteó la necesidad de enfocar el debate desde otro lado. “Acá se ha hablado de embocadas. La verdadera emboscada es la política económica. Esa es la discusión principal”, argumentó tras repasar la historia en la que las políticas neoliberales derivaron en el cierre de empresas y los incrementos de los índices de desocupación.
López Murphy, a su turno, planteó su perspectiva en un país que “tiene pocas pymes por la legislación impositiva muy agresiva y la legislación laboral no amistosa, junto con una gran incapacidad de adaptarnos al cambio tecnológico”. “Las iniciativas innovadoras buscan otros horizontes”, diagnosticó el economista que apuntó que “el trabajador se fortalece cuando hay demanda laboral” y postuló, en ese marco, la necesidad de facilitar la contratación de empleo para el sector empresario.Fuente: Página Política
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