Un funcionario de Concordia fue condenado en una causa en la que se investigó un delito aduanero. El caso es de larga historia y en la política local todos estaban advertidos.
El proceso judicial llevó 20 años. Un problema de vieja data. Al decir de Maximiliano Pullaro en el acto de asunción sobre el Poder Judicial de Santa Fe: “Tenemos una Justicia cara e ineficiente”.
El Tribunal Oral Federal de Paraná emitió sentencia en una causa en la que se investigó contrabando, cuyo delito, en rigor, encuadra en la infracción al Código Aduanero. Lo que sucedió fue la creación de una aduana paralela que provocó daños al Estado Nacional.
El condenado que interesa en esta trama se llama Eduardo Cristina, precandidato a intendente de Concordia en la coalición Juntos por Entre Ríos. El dirigente de identidad peronista llegó a un acuerdo -esto implica reconocer el delito- que consiste en realizar aportes a instituciones de bien público por la suma de 18 millones de pesos a entidades repartidas en la costa del Uruguay y algunas de Paraná, según la sentencia que dio a conocer el portal El Entre Ríos.
Cristina es despachante de aduana y ejerce como agente de transporte. En pleno proceso electoral, cuando su precandidatura ya estaba lanzada, era un secreto a voces que sus pretensiones en una futura gestión traería problemas. En primer lugar porque el juicio que llevó dos décadas en llevarse adelante era inminente. Estaba en agenda. Incluso se publicó en algunos medios. En segundo lugar porque Cristina no tenía el perfil para estos tiempos, en la que la narrativa anticorrupción comenzaba a inscribirse en la campaña. No es casualidad que el intendente que destronó al peronismo después de 40 años, Francisco Azcué, haya sido fiscal.
Cristina tiene sus inicios políticos al lado de Jorge Busti.
El flamante gobernador designó a Cristina al frente de la Codesal (Corporación para el Desarrollo de Salto Grande). Se trata de un organismo creado en 2005 que fomenta el turismo en la región y administra hoteles y las termas del lago. Una de las iniciativas que hubo sobre este ente es que el mismo pase a ser manejado por la Municipalidad, pero no prosperó y quedó bajo la órbita provincial.
En los primeros días de diciembre el tribunal integrado por Eduardo Degano, Edwin Ives Bastian y Pablo Garrera Allende, condenó a Luis Mazurier a nueve años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Mazurier estuvo al frente de la Codesal durante la gestión de Gustavo Bordet, pero lo corrió cuando se supo que estaba en problemas que tramitaban en los tribunales. Cuando se pregunta por el organismo a cualquier conocedor del paño concordiense, la respuesta consigna: “es una caja”.
Volvamos a Cristina. Su designación, para la que el propio funcionario hizo lobby, corría con advertencias en el seno de la coalición. Azcué, por caso. La sentencia conocida en las últimas horas corre por los teléfonos de dirigentes oficialistas y periodistas.
El hecho trastoca uno de los puntos que marcó el propio Frigerio ante la Asamblea Legislativa. En el paquete de iniciativas plantea la figura de “ficha limpia”, que implica que cualquier persona en la función pública no esté bajo sospecha.
Esta figura es compleja porque se suele obviar los principios del derecho y, con facilidad, se tacha a una persona por recibir sólo una denuncia. En el caso de Cristina es diferente, porque la Justicia lo declaró culpable.
(Foto: El Entre Ríos)Fuente: Página Política
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