Tras la expulsión del senador Edgardo Kueider votada ayer por la Cámara alta, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado evalúa – bajo un extremo hermetismo – cuál será la mejor vía para avanzar con el pedido de extradición del ahora ex legislador con el fin de detenerlo. Lo hizo en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia Federal de San Isidro, conexa con una causa anterior referida al pago de coimas por parte de la empresa de seguridad privada Securitas a funcionarios públicos de distintos organismos, para garantizarse contratos y el cobro de montos adeudados. Ambos expedientes están vinculados e involucran a la empresa estatal de energía de Entre Ríos, ENERSA, de la que Kueider fue director por el estado provincial, entre 2016 y 2018.
Al cierre de esta nota, la magistrada esperaba recibir la notificación oficial de la expulsión del legislador desde la presidencia del Senado. La solicitud de extradición debe operativizarse a través de la Cancillería argentina, y ser tramitada por el Ministerio Público de Paraguay, que es la autoridad a cargo de este tipo de procesos. Arroyo Salgado no descarta un contacto previo entre los Ministerios Públicos de ambos países, a través de la Red de Fiscales.
El proceso correrá por separado de la causa abierta contra Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, en Paraguay, por intento de contrabando de divisas, delito que tiene una pena de entre seis meses y dos años y medio. “En materia de extradición el Ministerio Público (por la Fiscalía) es la autoridad central. Si llega una solicitud de extradición, y el Ministerio Público lo solicita, se sortea para que un Juez de Garantías lleve adelante el procedimiento”, le explicó el juez Humberto Otazú a Infobae. Paraguay tiene con Argentina un tratado bilateral de extradición, pero para que se efectivice, debe ser aprobada por la Justicia de ese país.
Kueider y Guinsel Costa fueron detenidos en la madrugada del 4 de diciembre en un control de rutina, cuando las autoridades paraguayas descubrieron que trataban de ingresar con USD 211.000 y $600.000 en efectivo sin declarar desde Brasil, en una camioneta de alta gama. Ambos están con prisión domiciliaria, detenidos en un departamento de lujo en Asunción, en el complejo Tierra Alta, en Villa Morra, un barrio donde proliferan los desarrollos inmobiliarios, en muchos casos de argentinos que buscan llevar su dinero a Paraguay.
En el Juzgado sospechan que Kueider puede querer resistirse a una posible extradición, y temen que los fiscales quieran avanzar primero con el proceso por contrabando. La investigación tiene un plazo ya fijado de 4 meses por el juez Otazú, y debería estar finalizada para el 5 de abril. En ese período, la pareja debería permanecer en Paraguay.
Según puso saber Infobae, el pedido de detención fue dispuesto por la magistrada, luego de que tras los allanamientos dispuestos en abril en el marco de la causa de Securitas que lleva adelante la magistrada, detectó que el senador realizó varios viajes a Paraguay, y cambió la titularidad de las expensas del edificio donde tiene tres departamentos y dos cocheras en Paraná.
El abogado de Kueider en Argentina, Maximiliano Ruiz, le dijo a Infobae que el pedido de extradición “responde a cuestión política más que a algo legal”, y deslizó que se trataba de una “cuestión mediática”. Y agregó: “Acá hay un delito que tiene una pena que no es excesivamente alta. Para que la extradición se concrete, hay todo un procedimiento, tiene que haber el mismo delito en los dos países, un convenio de reciprocidad, y algunas cuestiones más que se tienen que tramitar. Y la justicia paraguaya entender que no tendría impedimento para que pueda volver, siendo que todavía les queda resolver la cuestión a ellos”. El letrado también alentó suspicacias sobre los allanamientos y el pedido de desafuero ordenado por Arroyo Salgado “dos o tres horas antes de la votación”. En su opinión, “fue claramente para condicionar a los senadores”.
El oficio de Arroyo Salgado con el pedido de desafuero con fines de detención llegó ayer por mail a Victoria Villarruel cuando la sesión especial para tratar la expulsión o la suspensión de Kueider recién empezaba. La jueza también le solicitó a la Presidencia de la Cámara alta fajar el despacho del senador para preservar posible material de prueba para la causa, y desalojar al personal de la oficina en el palacio legislativo. A su vez, dictó ayer el secreto del sumario en el expediente.
Dejar una contestacion