El actual embajador argentino en Israel y Chipre, el exgobernador Sergio Urribarri, declaró este lunes ante el tribunal compuesto por José María Chemez, Elvio Garzón y Carolina Castagno durante más de dos horas, en el marco de las audiencias por el megajuicio que investiga delitos de corrupción durante sus mandatos al frente del gobierno de Entre Ríos.
El exmandatario apuntó contra «un sector de la Justicia, un sector de la política y particularmente un medio de comunicación» como los responsables de lo que calificó como «una operatoria de persecución, desgaste y estigmatización» en su contra. Así fue que le dedicó un apartado a Rogelio Frigerio, a la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche, al juez de Garantías Ricardo Bonazzola y al director de ANÁLISIS, Daniel Enz.
Urribarri se consideró «blanco de esa operatoria del tridente» y dijo que fue porque se planificó atacar a «todo lo que molestaba a la construcción del poder macrista» en la provincia.
En esa línea, apuntó contra Rogelio Frigerio: «El señor del espionaje ilegal y teléfono encriptado, que opera y operó agazapadamente desde que era ministro, porque siempre tuvo intereses en la provincia. Recordamos muy bien como se gestó su desembarco desde 2011, en connivencia con personajes del peronismo. Es un forastero cuyo plan A es seguir haciendo política en CABA y su plan B es desembarcar en la provincia».
«Yo era, soy y seré uno de sus principales obstáculos», advirtió Urribarri al apuntar al exministro macrista.
Luego, continuó diciendo que «es un secreto a voces los anclajes y vinculaciones de Frigerio con intermediarios de un sector del Poder Judicial». «Él y sus asociados apuntaron al disciplinamiento de la dirigencia política asestando golpes contra determinados dirigentes», agregó.
«Desde hace un tiempo se viene develando hechos sucedidos durante su gestión como ministro del Interior. El espionaje realizado por el área de Migraciones, desde donde espiaban, manipulaban y filtraban información a un medio determinado», aseveró Urribarri, quien se quejó que se publicaban fotos de su familia y de su persona mientras estaba en aeropuertos y adjudicó ese hecho a personal de Migraciones: «¿De quién dependía Migraciones en ese momento?».
Continuó su relato para fustigar al director de ANÁLISIS, Daniel Enz, a quien calificó como «la pata mediática de Frigerio». «Le fue fácil a Frigerio reclutarlo, es sabido antikirchnerista», agregó.
«Pero además, Daniel Enz tiene un odio particular y personal contra mi persona. Me ha responsabilizado de distintas cosas. Sistemáticamente, se ha ocupado durante 6 años, con mentiras de todo tipo. Mis familiares y colaboradores han tenido que soportar inmundicias por parte de este vocero del tridente».
Criticó a otros dirigentes políticos, incluso del peronismo, que según Urribarri se convirtieron «en columnistas políticos de sus espacios». Los fustigó diciendo: «Seguramente, les será más redituable atacar a otros. Pero yo jamás me voy a entregar a esa operatoria de amedrentamiento y disciplinamiento con la que intentaron desacreditarme durante 6 años».
«Por supuesto, he pagado el costo de no someterme a esa operatoria. He estado a la parrilla. Esto ha significado un daño que puede ser irreparable, como lo fue con el querido Hugo Céspedes. Nadie se confunda, ese mecanismo violento, inhumano que llevó a cabo el tridente deteriora vidas», expresó Urribarri.
Posteriormente apuntó a actores del Poder Judicial: «Se hicieron allanamientos sin testigos, testigos que llegaron cuando el procedimiento había comenzado, que se fueron antes o que no firmaron todas las actas. Allanamientos que estuvieron a cargo de delegados judiciales, cuya función es una verdadera incógnita. Actos probatorios que se realizaron sin el control de nuestros abogados defensores».
«Novedades del proceso que se filtraban a la prensa antes de notificar a nuestros abogados. Abogados que se enteraban por este mismo medio de lo que sucedía en el expediente. Se trabaron embargos por sumas exorbitantes sin ningún tipo de fundamento o racionalidad», describió Urribarri.
Cargó contra el perito del MPF, Héctor Enriquez, a quien apuntó por realizar «pseudo pericias» y aseguró que elaboró «informes sin ningún tipo de rigor científico y técnico». «No puedo dejar de mencionar al señor Enriquez, que se ha dedicado a hacer informes sobre lo que se sustenta la acusación. Informes que mandan a este medio, para generar indignación social. Hechos con información incompleta, sesgada, falaz», cargó.
«Este señor Enriquez ha hecho informes sin ningún tipo de prurito después de haber sido designado y despedido por nuestra administración, además nos enteramos que tiene afiliación partidaria. Si algo no tuvo este señor fue objetividad», dijo Urribarri a los jueces.
El exgobernador también señaló a los fiscales que investigaron las causas que llegaron a juicio: «Violaron la normativa constitucional, requiriendo nada más ni nada menos el registro de comunicaciones telefónicas. Fiscales obrando como jueces».
Acto seguido, apuntó contra el juez de Garantías, Ricardo Bonazzola, que intervino en las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) que derivaron en este megajuicio por corrupción: «El juez Bonazzola: desoyó, desatendió, todos los reclamos de las defensas incumpliendo su función de juez de Garantías».
«Resulta que cuando hicimos los planteos, resuelve que el planteo se trate en el juicio oral y en esta instancia de juicio se nos dice que esos cuestionamientos a la prueba debieron hacerse ante el juez de Garantía. Ese el juego del huevo y la gallina. Un juego generado a partir de la arbitrariedad de un juez que atropella derechos y garantías. Nada es casual. Tampoco atendió los cuestionamientos de mis abogados sobre los informes periciales», dijo el actual embajador.
Criticó la intervención de bioingenieros en la realización de informes probatorios: «No tienen incumbencias profesionales para hacer lo que hicieron. Esos informes son ilegales. Se llegó a este juicio con pruebas ilegales que violan derechos y el juez de Garantías debió haber cumplido con la misión principal de garantizar la limpieza de este proceso y descartar toda prueba ilegal. No sólo en beneficio de este juicio sino del sistema procesal».
No conforme, atacó la integridad ética y moral del magistrado: «No sé si el accionar se debe a incapacidad, a interés personal, a la debilidad ante cierta presiones periodísticas. Creo que la debilidad ante estas presiones se lleva la de ganar».
«Todo esto no es ni más ni menos que la operatoria que referí antes: el accionar conjunto y coordinado de un sector de la Justicia, medios de comunicación para perseguir y desgastar a dirigentes políticos. Vimos así a algunos actores de ese sector del Poder Judicial operando permanentemente, y vemos a ciertos medios manipulando, machacando, con mentiras, con supuestos hechos que no están probados, con cuestiones que no figuran en el expediente y ni constituyen delitos», expresó Urribarri.
Según el exgobernador, el objetivo de sus acusadores fue «formar una opinión pública y generar de ante mano una condena social».
«Condena social que pueda influir, presionar o condicionar resoluciones judiciales. De esta manera los jueces probos son sometidos a una presión social y los que no lo son, podrán justificar sus sentencias construyendo mediáticamente lo que no se puede sostener jurídicamente. Con ese mecanismo, la gente, la opinión pública, espera la confirmación judicial de todo este relato guionado desplegado durante años», se atajó Urribarri, publicó El Entre Ríos.
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