A partir de noviembre de 2023, la polémica concesión vial del Corredor Vial N° 18, Rutas Nacionales 12 y 14, incluyendo el Puente Rosario – Victoria y Ruta Nacional 174, seguirá en manos de la empresa «estatal» Corredores Viales S.A., según la decisión del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Esta medida ha generado un fuerte rechazo por parte de los usuarios viales y la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP).
Corredores Viales S.A. se hará cargo de la Autovía 14
La concesión, que data del año 1990, ha sido objeto de controversia durante décadas debido al cobro de un peaje que los críticos consideran injusto y perjudicial para la comunidad. El contrato de concesión actual con la Empresa Caminos del Río Uruguay S.A. vence el 31 de octubre de 2023, y será reemplazado por Corredores Viales S.A., manteniendo el cuestionado sistema de “falso peaje” o impuesto al tránsito como lo califican las organizaciones de usuarios viales y la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP).
Los usuarios viales y la AP argumentan que la red vial es de dominio público y que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas de la Nación dirigido por el Gabriel Katopodis, ha tomado una decisión irresponsable al continuar con este esquema sin convocar a una Audiencia Pública vinculante y sin contar con un Marco Regulatorio ni un Ente Regulador.
Según los críticos, Corredores Viales S.A. es una sociedad anónima que maneja capitales públicos y carece de los controles adecuados para un organismo estatal. El cobro del “falso peaje” ha sido calificado como inconstitucional, injusto y económicamente inviable desde una perspectiva de ingeniería económica de transporte.
En respuesta a esta situación, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y la AP han pedido la convocatoria urgente a una Audiencia Pública vinculante para debatir este tema. Además, han extendido esta solicitud a legisladores nacionales y provinciales de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe, así como a los respectivos gobernadores, intendentes y concejales.
Ambos grupos argumentan que la conservación y mantenimiento de esta concesión deben ser responsabilidad de la Dirección de Vialidad Nacional (DNV), sin imponer peajes. También abogan por replantear las concesiones por peaje que resulten deficitarias y buscar alternativas de gestión más equitativas.
A tal efecto, el CONADUV y la AP, rechazan categóricamente la decisión tomada por el Ministro Gabriel Katopodis, avalada por el Administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, Gustavo Arrieta.
Para los representantes de CONADUV y la AP, “Las rutas sin el cobro del falso peaje mejorarán la competitividad regional y darán mayor posibilidad para exportar. Sin empresas estatales o privadas como concesionarias, se logrará terminar con las cajas políticas y los negociados con la obra pública que benefician a la patria contratista, el nefasto club de peaje y los amigos del poder”.
Ambos grupos también han destacado la necesidad de rejerarquizar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y volver a convertirla en el organismo rector de toda la política vial. Además, proponen una reasignación efectiva de los fondos obtenidos del Impuesto a los Combustibles para proyectos viales sin peaje.
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