La «sanción» canónica impuesta por el Vaticano al cura Juan Diego Escobar Gaviria, condenado a 23 años de cárcel en el primer juicio por abuso sexual a menores, y a 11 años en el segundo proceso, no fue bien recibido por las familias de las víctimas. Más bien, lo consideran como «un frade» de parte de la Iglesia.
La abogada María Inés Frank, responsable de la Comisión de Protección de los Menores, que el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, creó cuando estallaron los escándalos de los casos de abusos a menores por parte del clero, viajó a Lucas González, la ciudad donde Escobar Gaviria ejerció como sacerdote entre 2005 y 2016 y donde ocurrieron los abusos que juzgó y condenó la Justicia. Fue la encargada de entregar a las familias de las víctimas una carta firmada por Puiggari.
Silvia Muñoz, mamá de RDR, una víctima, y una de las principales impulsora del juicio a Escobar Gaviria, hizo notar un dato turbador en ese escrito firmado por el jefe de la Iglesia de Paraná: fue una copia del mismo tenor para todas las víctimas, y quien la redactó se «olvidó» de reemplazar el nombre de cada una de las víctimas. En todas, repite la misma inicial: «RDR».
«Veo la nota, y me avergüenza, porque es la réplica de la que recibí, no fue sólo RDR. ¿No pudieron al menos tomarse 1 minuto más y ponerle a esa mamá, como corresponde, las iniciales de sus hijos? Nos dicen: `Acá tienen, déjense de joder`. Increíble, Puiggari: Iglesia Católica Apostólica Romana, sos un fraude para todas víctimas de abuso!!!», dijo Silvia Muñoz a Entre Ríos Ahora.
Alexis Endrizzi, que desde el primer momento le puso el cuerpo y su nombre a la denuncia al cura Escobar Gaviria por haberlo abusado sexualmente en la casa de Dios, recibió el «pedido de perdón» de Puiggari.
«A la Iglesia no les importan las víctimas. Piden perdón porque no les queda otra», analiza Alexis Endrizzi.
En junio de 2022, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay fijó en 23 años la prisión efectiva para el cura Juan Diego Escobar Gaviria, condenado en 2017 por corrupción de menores, hechos cometidos mientras estuvo destinado en Lucas González, en el departamento Nogoyá, entre 2005 y octubre de 2016. El sacerdote cumple la pena en la Unidad Penal de Victoria.
El Tribunal que emitió la resolución estuvo integrado por los camaristas María Carolina Castagno, Mariano Caprarulo y Fernando Martinez Uncal.
Se trata de una reducción de dos años de la pena impuesta el 6 de septiembre 2017 por el mismo Tribunal -con otra integración de jueces-. Entonces, el cura había sido condenado a 25 años de cárcel por haber abusado a cuatro menores. En tres casos se lo acusó de promoción de la corrupción de menores reiterada, agravada por su condición de guardador; y en uno por abuso sexual simple agravado por ser cometido por ministro de culto.
Sin embargo, en octubre de 2020 la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar a un recurso extraordinario presentado por los defensores del cura y revocó parcialmente el fallo.
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