La Comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá el martes 17 de noviembre, a las 15. El oficialismo busca obtener la media sanción antes de diciembre, aunque necesita reunir el respaldo de sus aliados. La iniciativa incluye cambios en las Paso, el financiamiento partidario y la Boleta Única de Papel
Según pudo saber AIM, el Gobierno nacional busca acelerar el tratamiento de la reforma electoral en el Senado, con la intención de obtener la media sanción antes del cierre de las sesiones ordinarias. La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el fueguino Agustín Coto, fue convocada para el próximo martes 17 de noviembre, a las 15, en el Salón Illia.
Según informó Parlamentario, el cronograma que impulsa la Casa Rosada contempla alcanzar un dictamen durante la próxima semana y llevar el proyecto al recinto el jueves 26. De concretarse ese recorrido, el oficialismo intentaría completar el tratamiento en la Cámara de Diputados durante un eventual período de sesiones extraordinarias.
El avance depende de las negociaciones con los bloques aliados y los senadores que responden a gobernadores cercanos al Ejecutivo. En ese marco, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y Eduardo “Lule” Menem mantuvieron una reunión para avanzar en la búsqueda de apoyos.
Las Paso, en el centro de la negociación
Uno de los principales puntos de discusión es el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Aunque el Gobierno impulsa su eliminación, las conversaciones con los sectores dialoguistas muestran mayores posibilidades de acuerdo alrededor de una suspensión.
La conducción oficialista enfrenta, además, reparos sobre otros capítulos de la iniciativa. Patricia Bullrich, al frente del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, reclamó contar con certezas sobre los respaldos antes de avanzar con el tratamiento.
Por tratarse de una reforma electoral, su aprobación requiere la mayoría absoluta de los integrantes de ambas cámaras: 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.
El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, expresó este jueves su expectativa de que el Senado avance con la media sanción durante las próximas dos semanas. Horas después se confirmó la convocatoria a la comisión.
Los aliados piden separar ficha limpia
El proyecto de Reforma Electoral Integral fue enviado por el Poder Ejecutivo el 22 de abril y contiene 79 artículos. Desde entonces se realizaron dos reuniones de comisión, sin avances sustanciales.
En ambos encuentros, los aliados reclamaron que se trate por separado el capítulo de ficha limpia, referido a las restricciones para que personas condenadas por corrupción o delitos graves puedan presentarse como candidatas a cargos electivos.
La amplitud de la propuesta agrega dificultades a la negociación, ya que, además de las Paso, modifica las condiciones de reconocimiento de los partidos, las reglas de financiamiento y la forma de designación de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur, constató AIM.
Cambios en los partidos y la boleta
La iniciativa propone mayores exigencias para la obtención y conservación de la personería de los partidos políticos. Entre ellas, plantea que las fuerzas nacionales deban mantener representación en al menos diez distritos, frente a los cinco que se requieren actualmente.
También eleva del dos al tres por ciento el piso de votos que deberán alcanzar en dos elecciones nacionales consecutivas para evitar la pérdida de la personería.
En cuanto a la Boleta Única de Papel, el Ejecutivo busca incorporar un casillero que permita votar por todas las candidaturas de una agrupación con una sola marca. De aprobarse, se habilitaría la opción de elegir la lista completa.
Más financiamiento privado
Otro de los capítulos centrales modifica la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. El texto permite que las agrupaciones renuncien al aporte público anual y reduce del 20 al diez por ciento la proporción mínima de esos recursos que deben destinar a capacitación, formación de dirigentes e investigación.
Además, propone elevar del dos al 35 por ciento el límite de recursos privados, calculado sobre el monto que surge de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior.
La iniciativa también establece restricciones para recibir contribuciones de personas o entidades condenadas o procesadas por delitos como lavado de activos, narcotráfico, contrabando, asociación ilícita y delitos contra el Estado.
