Las reformas impulsadas en el Presupuesto 2027 modifican de raíz el régimen de discapacidad en Argentina al derogar artículos centrales de la Ley de Emergencia (Ley 27.793) y alterar las leyes de Prestaciones Básicas y Pensiones No Contributivas. La iniciativa encendió alarmas entre familias, profesionales y la oposición, quienes advierten que la desregulación precariza la labor sanitaria y compromete la continuidad de los tratamientos.
Entre los cambios principales, el Nomenclador de Prestaciones Básicas pierde su carácter de arancel obligatorio universal, permitiendo que cada obra social o prepaga determine los montos y coberturas a abonar por encima de un piso mínimo.
A su vez, se eliminan la actualización automática por movilidad jubilatoria y la revisión anual de costos. Por otro lado, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) deja de garantizar el acceso directo a las pensiones no contributivas, cuya asignación pasa a depender del Ejecutivo, y se fija la incompatibilidad total entre el cobro del beneficio y cualquier empleo formal o monotributo.
Finalmente, la norma quita la cobertura médica obligatoria para los titulares de pensiones y habilita el recorte de partidas sociales para financiar estos programas, medidas que la oposición calificó como regresivas e inconstitucionales.
La voz de las familias
Para los hogares a cargo de personas con discapacidad, la desarticulación del nomenclador destruye el estándar arancelario unificado que permitía entablar acciones judiciales o amparos ante el incumplimiento de las obras sociales o prepagas.
Silvia Schierloh, madre de dos jóvenes adultas con discapacidad en Entre Ríos, explica cómo los retrasos en los reintegros de la obra social provincial forzaron a su familia a recortar las prestaciones: «Nos es imposible sostener los tratamientos. Tuvimos que reducir a una sola terapia esencial para cada una porque no podemos costear los pagos con reembolsos que tardan meses o nunca llegan. Sin un nomenclador de referencia, nos quitan también la posibilidad de apelar judicialmente para que cumplan la ley».
Bajo el concepto de «costo operativo», Silvia sintetiza la sobrecarga física, burocrática y emocional que impone el sistema. «Las familias nos volvemos un escudo humano para resistir trámites interminables», sostiene la madre, quien ejemplifica que para conseguir anteojos especiales la obra social exige buscar tres presupuestos distintos y esperar al menos 15 días para autorizar el más económico. «Tenés que tramitar, justificar todas las prestaciones y volver a decir que tu hijo efectivamente es igual de discapacitado que el año pasado».
A esta situación se suma la obligación anual de reimprimir y presentar títulos profesionales y documentos que aún no vencieron. «Mis hijas siempre estuvieron en la misma obra social y todos los años tengo que presentar los mismos papeles, como el título de las terapistas y el CUD vigente», reclama Silvia, al tiempo que cuestiona la falta de modernización del sistema.
«¿Podemos llegar a tener una base de datos que le permita a un papá pasar más tiempo pensando en cuestiones que habiliten una vida plena de su hijo, y no perder todo ese tiempo intentando justificar su condición?».
Silvia desmiente que el sistema de discapacidad represente un gasto estatal a recortar, dado que el financiamiento proviene de los aportes de las familias a obras sociales y prepagas. En ese sentido, aclara que el Estado solo interviene fijando el arancel de referencia que garantiza el cumplimiento de los derechos. Al describir el paso de la emergencia al colapso definitivo, reafirma que la asistencia integral constituye una inversión indispensable para la inclusión social.
