La Justicia entrerriana rechazó una acción de amparo presentada contra el Estado provincial y la Caja de Jubilaciones y Pensiones, mediante la cual un jubilado del ex Banco de Entre Ríos pretendía que se declarara la inconstitucionalidad de la reforma previsional establecida por la Ley 11.302.
La sentencia, dictada el 12 de noviembre por el juez Juan Francisco Malvasio, declaró inadmisible la presentación y dispuso que las costas del proceso quedaran a cargo del demandante.
El reclamante pretendía mantener el mecanismo anterior de movilidad, que vinculaba la actualización de sus haberes con los incrementos salariales del sector bancario, en lugar del nuevo sistema que toma como referencia al escalafón con mayor cantidad de aportantes del Estado provincial.
Sin embargo, durante el proceso la Caja de Jubilaciones informó que el beneficiario había percibido todos los incrementos bancarios correspondientes hasta la entrada en vigencia de la reforma, el 22 de agosto.
Además, aportó un dato significativo: en septiembre, primer mes de aplicación del nuevo mecanismo, el aumento otorgado fue del 3,5 por ciento, mientras que el incremento salarial bancario fue del 1,9 por ciento. Es decir, el jubilado recibió una actualización 1,6 puntos porcentuales superior a la que le habría correspondido por el régimen anterior.
