El gobierno de Entre Ríos comenzó a delinear medidas concretas frente a la creciente cantidad de amenazas y mensajes intimidatorios registrados en establecimientos educativos de la provincia. En una reunión interministerial e interdisciplinaria, autoridades del Consejo General de Educación, la Policía, el área de Justicia y organismos de niñez analizaron herramientas legales para que los responsables afronten las consecuencias económicas de estos hechos.
Del encuentro participaron el presidente del CGE, Carlos Cuenca; el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González; el secretario de Justicia, Julián Maneiro; el juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, entre otros funcionarios vinculados a la temática.
La principal medida evaluada apunta a impulsar acciones civiles para recuperar los gastos que demanda la activación de protocolos de seguridad, especialmente en casos de amenazas de bomba o posibles ataques armados dentro de escuelas.
Reclamo económico a las familias
Desde el gobierno provincial remarcaron que, más allá de las limitaciones que puedan existir en el ámbito penal cuando los autores son menores de edad, existe la posibilidad de avanzar por la vía civil para exigir una reparación económica por los daños ocasionados.
“Cada vez que se activa un protocolo por amenaza de bomba o tiroteo, se movilizan recursos humanos, logísticos y tecnológicos que tienen un costo altísimo para los contribuyentes. Ese despliegue, provocado por una conducta irresponsable, configura un daño patrimonial que el Estado no tiene por qué absorber”, señalaron durante la reunión.
Según se explicó, la medida se sustenta en lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación, particularmente en los artículos 1753 y 1755, que establecen la responsabilidad civil de progenitores o tutores en este tipo de situaciones.
