El Gobierno de Entre Ríos oficializó la continuidad del Programa Provincial “Poder Popular” para el ejercicio 2026, una iniciativa destinada a financiar proyectos de organizaciones sociales, cooperativas y grupos asociativos de toda la provincia.
La decisión implica la renovación de una política pública que se encuentra vigente desde hace más de una década y que fue creada originalmente en 2013. Desde entonces, el programa fue prorrogado de manera sucesiva por distintas administraciones provinciales, consolidándose como una herramienta de asistencia económica destinada al fortalecimiento institucional de organizaciones de la sociedad civil
Dos líneas de financiamiento
El decreto establece dos modalidades de apoyo económico con diferentes destinatarios y montos máximos.
1) Fortalecimiento de organizaciones
La primera línea está orientada al fortalecimiento de las actividades que desarrollan organizaciones sociales formalmente constituidas, cooperativas y grupos asociativos.
Los proyectos podrán incluir: adquisición de equipamiento; compra de bienes durables; capacitaciones; contratación de servicios e iniciativas con impacto comunitario destinadas a resolver problemáticas locales o fortalecer el trabajo territorial.
Cada proyecto podrá recibir un financiamiento de hasta 3.100.000 pesos.
2) Mejoramiento de espacios físicos
La segunda línea está destinada exclusivamente a organizaciones sociales formalmente constituidas, quedando excluidas las cooperativas.
En este caso, los recursos podrán utilizarse para: construcción de nuevos espacios; ampliaciones; refacciones y mejoras edilicias.
Los inmuebles deberán ser propios o encontrarse bajo contrato de comodato con una vigencia mínima de cinco años, requisito que busca garantizar la permanencia de las inversiones públicas.
Para esta modalidad, el financiamiento podrá alcanzar 6.800.000 pesos por proyecto.
La selección de los proyectos
El decreto al que accedió ANÁLISIS deja en claro que la responsabilidad sobre la evaluación y selección de las propuestas recaerá exclusivamente en la Dirección de Turismo y Política Social.
Ese organismo deberá verificar que cada iniciativa cumpla con todos los requisitos establecidos por el programa y que los beneficiarios acrediten la documentación correspondiente antes de acceder al financiamiento. Además, será responsable del control sobre la correcta utilización de los recursos y del cumplimiento de los plazos previstos.
