El gobierno de Entre Ríos ratificó la cesantía de un empleado público que se desempeñaba como chofer de ambulancia, luego de rechazar un recurso con el que había intentado revertir la sanción aplicada por un episodio ocurrido hace más de tres años en Crespo.
La decisión surge del decreto Nº 1999/2026 GOB., publicado este viernes en el Boletín Oficial de la provincia, mediante el cual el gobernador Rogelio Frigerio desestimó el recurso de revocatoria presentado por Gustavo Daniel Brumatti contra el decreto Nº 570/26 GOB, que había dispuesto su cesantía.
El caso se remonta al 17 de marzo de 2023. Según consta en el expediente administrativo, Brumatti se desempeñaba como chofer de ambulancia del Hospital San Francisco de Asís de Crespo y se encontraba afectado a una guardia pasiva cuando protagonizó, alrededor de las 16.20, un siniestro vial en la intersección de Avenida Humberto Seri y calle Estrada.
Tras el accidente, se le practicó un test de alcoholemia que, según las actas incorporadas al sumario, arrojó un resultado positivo de 2,52. Como consecuencia, la autoridad municipal procedió además a retener el Renault 19 propiedad del agente.
Ese episodio fue el punto de partida del sumario administrativo que terminó con la cesantía.
Cuestionó el test y dijo que no estaba trabajando para el hospital
Al recurrir la sanción, Brumatti planteó varios cuestionamientos.
Uno de los principales estuvo relacionado con la prueba de alcoholemia: sostuvo que no se había realizado un segundo test que confirmara el resultado y afirmó que la prueba había sido practicada contra su voluntad, denunciando incluso que se había ejercido coacción física para obligarlo a realizarla. Por ese motivo, consideró que se trataba de una prueba obtenida de manera ilícita y que no podía utilizarse para sustentar una sanción disciplinaria.
También sostuvo que el día del accidente no estaba cumpliendo funciones para el Hospital San Francisco de Asís sino para el servicio de emergencias municipal. A partir de esa circunstancia, argumentó que no existía una conducta vinculada con sus obligaciones como empleado hospitalario que pudiera ser sancionada.
En su presentación también cuestionó el procedimiento administrativo, alegó una afectación de su derecho de defensa y sostuvo que el decreto que había dispuesto su cesantía carecía de una fundamentación suficiente.
Finalmente, pidió que se tuviera en cuenta que no contaba con antecedentes disciplinarios, su antigüedad y la calificación de su desempeño. En ese sentido, recordó que la Comisión Asesora de Disciplina había aconsejado una sanción considerablemente menor: 20 días de suspensión sin goce de haberes.
Qué respondió la Provincia
El gobierno rechazó todos esos planteos y sostuvo que las actas confeccionadas por la autoridad municipal eran suficientes para acreditar la infracción.
El decreto remarca que las actas de constatación del siniestro y de comprobación de la infracción y retención del vehículo fueron emitidas por la autoridad competente y cumplían con los requisitos reglamentarios exigidos para su validez. Por eso, la administración consideró que los cuestionamientos formulados posteriormente por Brumatti sobre la forma en que se realizó la alcoholemia debían haber sido planteados ante las autoridades municipales correspondientes y no dentro del sumario administrativo.
“Las manifestaciones vertidas por el recurrente, en torno a la ilicitud de la prueba, son insuficientes a fin de desvirtuar la sanción de cesantía”, sostiene el decreto.
